Bodas, Bautizos, Comuniones: Revisión o Resolución servicios contratados

Durante la difícil situación que estamos viviendo a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19 son muchos los eventos, bodas, bautizos, comuniones y celebraciones que han quedado en el aire sin poder llevarse a cabo en la fecha prevista.

En éstos casos, ¿qué ocurre con todos los servicios que ya estaban contratados: restaurante, flores, invitaciones, fotógrafo, detalles, trajes y vestidos,..?

El Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 recoge expresamente el derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los afectados en los siguientes términos:

“Si como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma los contratos suscritos por los consumidores y usuarios, ya sean de compraventa de bienes o de prestación de servicios, incluidos los de tracto sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento, el consumidor y usuario tendrán derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días. La pretensión de resolución sólo podrá ser estimada cuando no quepa obtener de la propuesta o propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las partes, sobre la base de la buena fe, una solución que restaure la reciprocidad de intereses del contrato. Las propuestas de revisión podrán abarcar, entre otras, el ofrecimiento de bonos o vales sustitutorios al reembolso. A estos efectos, se entenderá que no cabe obtener propuesta de revisión cuando haya transcurrido un periodo de 60 días desde la imposible ejecución del contrato sin que haya acuerdo entre las partes sobre la propuesta de revisión.

En los supuestos en los que el cumplimiento del contrato resulte imposible de acuerdo con el apartado anterior, el empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor o usuario, salvo gastos incurridos debidamente desglosados y facilitados al consumidor, en la misma forma en que se realizó el pago en un plazo máximo de 14 días, salvo aceptación expresa de condiciones distintas por parte del consumidor y usuario.”

A la vista de dicha disposición, cabe señalar en todo caso que:

  • Los destinatarios de ésta previsión son exclusivamente los consumidores y usuarios, no resultando de aplicación a contratos suscritos entre particulares o sociedades mercantiles.
  • Su ámbito se circunscribe a contratos de compraventa de bienes o de prestación de servicios que hayan sido suscritos antes y durante el estado de alarma.  A salvo de diferenciación expresa hemos de entender asimismo que se refiere tanto a la compraventa de bienes muebles como bienes inmuebles.
  • Es al consumidor y usuario afectado a quien le corresponde la obligación de notificar expresa y fehacientemente al empresario su voluntad de resolver el contrato (recomendamos que se haga mediante conducto notarial, burofax o cualquier otro medio admitido en derecho).
  • Procede la resolución del contrato durante un plazo de 14 días cuando el contrato resulte de imposible cumplimiento como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma y ello con independencia de a cuál de las partes le resulte imposible su cumplimiento (consumidor-usuario, empresario o a ambos simultáneamente).

El problema principal surge no obstante en determinar el “ dies a quo” en el cuál se produce la “imposible ejecución del contrato” que inicia el cómputo de los plazos marcados para la efectiva resolución del mismo, pues si bien en aquellos contratos en los que exista un vencimiento pactado no habrá excesivos problemas para su determinación, en otros casos será más que discutible si la acción de resolución ha podido o no prescribir.

Propuesta previa de revisión:  cambio de fecha, bonos o vales

En todo caso, y como paso previo para que pueda prosperar la resolución del contrato, el mismo artículo establece que las partes deberán negociar previamente , sobre la base de la buena fe, una revisión o solución alternativa para su efectivo cumplimiento, procediendo la resolución del contrato, solo en aquellos supuestos en los que la misma haya resultado inviable.

Las propuestas de revisión podrán abarcar, entre otras, el ofrecimiento de bonos o vales sustitutorios al reembolso, si bien dicha alternativa deberá ser aceptada por el consumidor o usuario.

A estos efectos, se entenderá que no cabe obtener propuesta de revisión que restaure la reciprocidad de intereses del contrato cuando haya transcurrido un periodo de 60 días desde la solicitud de resolución contractual por parte del consumidor o usuario sin que haya acuerdo entre las partes sobre la propuesta de revisión.

Devolución de las cantidades abonadas

El empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor o usuario cuando el contrato resulte de imposible cumplimiento y las partes no hayan llegado a un acuerdo en los términos indicados anteriormente, pudiendo descontarse aquellos gastos en los que haya incurrido,  que deberán ser desglosados y facilitados al consumidor.

Si bien la disposición no concreta qué gastos puede el empresario descontar o detraer en éstos supuestos, lo cierto es que esta previsión entra en conflicto directo con la Directiva 2011/83/UE sobre derechos de los consumidores y 2019/711 de compraventa de bienes que establece en los supuestos de resolución del contrato la devolución total del precio.

A pesar de lo expuesto, y de la clara voluntad que ha tenido el legislador de promover y facilitar los acuerdos entre afectados y empresarios para minorar el impacto económico derivado de la actual situación, la falta de concreción de la norma en relación a algunos aspectos clave, la minoración de derechos reconocidos a los consumidores y la brevedad de los plazos establecidos por la norma, puede favorecer la existencia de conflictos y reclamaciones por parte de los afectados.